La iniciativa declarará la inembargabilidad de bienes, fija que el Estado deberá brindar asesoramiento, se condonarían deudas documentales por omisión de presentación y se eximirá del pago de tarifas de los distintos servicios públicos.

La propuesta que tomará estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara Baja fue presentada por Juan Manuel Huss. El texto “declara de interés público provincial las asociaciones civiles de primer grado constituidas», y entre las condiciones deberán tener ingresos anuales totales hasta el monto equivalente de la categoría G del monotributo o estén constituidas como clubes de barrio, centro de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, jardines comunitarios u organizaciones de comunidades migrantes cualesquiera sean sus ingresos. También se incluye en el proyecto de norma a las mutuales de organizaciones de comunidades migrantes.

Si la iniciativa prosperara se declarará como inembargables los bienes y se establecerá el pago por consumo real de servicios públicos (de agua, gas, electricidad, internet y telefonía fija o móvil).

También, se buscará implementar «un censo y registro de asociaciones civiles, comedores comunitarios y de bienes con función social para conocer el estado de situación y en base a los datos recabados ajustar las diferentes políticas públicas con el fin de alcanzar el éxito pretendido».

El diputado Huss argumentó que la propuesta surgió ante “las dificultades que atraviesan en la vida social estas entidades, lo que evidencia la extrema fragilidad haciendo peligrar la continuidad de sus actividades corrientes llevadas a cabo por las asociaciones civiles con serio riesgo de desaparecer”. En ese sentido, apuntó que “es preciso destacar la importancia que estas asociaciones civiles tienen en la sociedad, como instituciones que no persiguen fines de lucro, y que cuyo objetivo principal es el asociativismo para promover actividades socioculturales que tiendan a fomentar y sostener su identidad común”.

Sin embargo, el diputado aclaró que “estas organizaciones no suplen la finalidad primigenia del Estado en cuanto procurar el bienestar general, pero se complementan, como nexo, con las políticas públicas tendientes a mitigar las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad en pos de mejorar su calidad de vida”.