Cada vez más personas en Entre Ríos se quedan sin cobertura odontológica pese a tener los beneficios de una obra social. La problemática expone una puja histórica entre el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos (COER) y las obras sociales por la regulación de los honorarios profesionales. Esa regulación desde fines de 2021 pasó a ser una atribución exclusiva del Consejo Directivo del COER, de acuerdo a lo establecido en la resolución N° 404/21. Mediante la misma se establecen “aranceles odontológicos mínimos obligatorios” para los convenios y contratos asistenciales pactados “para brindar prestaciones a beneficiarios del sistema de la seguridad social (mutuales, obras sociales, empresas de medicina prepaga)”.

Basándose en esta ordenanza e invocando la Ley N° 7468 de creación del COER, la institución asumió la potestad de regular los aranceles de las prestaciones, e incluso los matriculados no pueden cobrar honorarios por debajo de estos aranceles mínimos. En resumen, la medida está generando un severo perjuicio a los afiliados de las obras sociales, que al no poder pagar una práctica odontológica, deben recurrir como última alternativa para acceder a un tratamiento al sistema público de salud. “Ellos tienen una resolución por Consejo Directivo, y cabe aclarar que no se trata de una ley. Ellos dicen que la ley del Colegio les confiere esta potestad de regular aranceles mínimos obligatorios. Estos aranceles mínimos las obras sociales no los han respetado porque no pueden solventarlos. He tenido reuniones con algunas obras sociales y nos dicen que ni queriendo los pueden pagar. Han acomodado bastante sus aranceles para irse arrimando a esta pretensión de arancel mínimo, pero que nunca han llegado a cumplirla”, planteó el director de Odontología de Entre Ríos, Guillermo Brugo.

La realidad es que muchos de los tratamientos tienen un costo elevado para aquellos pacientes cuya obra social carece de convenio con los prestadores. Sucede entonces que recurren a la atención profesional en el hospital San Martín o en los centros de salud de atención primaria. Según Brugo “la demanda es cada vez más grande y ya no es una clase social que no tiene obra social. Sino que se dan cuenta que es un individuo que tiene obra social, sobre todo la obra social de nuestra provincia, que el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos”.

La puja por los aranceles

Los nuevos aranceles comenzaron a tener vigencia en abril de este año y si bien la especialidad conlleva diferentes tipos de prácticas, una de las más comunes es la consulta odontológica, que actualmente tiene un valor de 1.700 pesos. “Ahí es donde entran las obras sociales a querer bajar ese arancel. Ahí empieza la pelea con los círculos, que empiezan a denunciar este tema de las obras sociales. Tenemos una presentación del Círculo Odontológico de Paraná ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, donde declara que esta norma arancelaria es nula y que el Colegio no tiene la potestad de fijar un arancel mínimo obligatorio”.

El testimonio pertenece al presidente del COER, Alfredo Scheyt, quien defiende la implementación de esta disposición que se definió en base a “un estudio de costos fijos y costos variables” para garantizar –explica– que los honorarios profesionales sean los que correspondan. “Cuando el Colegio incrementa la norma arancelaria, muchos convenios con obras sociales se fueron cayendo, porque no la estaban cumpliendo. Muchas obras sociales se opusieron porque venimos de un sistema vigente desde hace 30 años, donde las obras sociales nos daban un arancel, pero se podía negociar muy poco, porque aludían que no tenían más presupuesto para esto. Y decían que la Superintendencia de Salud no les autorizaba los aumentos. Eran ellos quienes fijaban el precio de nuestro trabajo, es decir lo que valía una prestación odontológica”, ilustró.

En declaraciones a este medio el profesional aclaró: “No tenemos una ley de aranceles, pero sí la Ley de Colegiación”. Se trata quizás del punto que genera mayor controversia, entre aquellos que acatan la “legalidad” de la normativa y aquellos que directamente la incumplen.

“En la Ley de Colegiación tenemos contemplado fijar la norma arancelaria. La ley sería otra cosa distinta porque obligaría a las obras sociales a cumplirla y a nosotros también. Con la norma arancelaria el que está obligado a cumplirla es el odontólogo”, precisó.

Según información relevada por el COER son varias las obras sociales sin convenio vigente por lo que carecen de cobertura odontológica, entre ellas el Iosper. La obra social provincial reúne a más de 300.000 afiliados que no están pudiendo garantizar su salud bucal porque pagar un tratamiento específico excede sus posibilidades económicas. “En Odontología tenemos costos, tenemos insumos; durante años el paciente iba al ondontólogo y se sentaba en el sillón sin saber cuanto le iban a cobrar de diferencia por la obra social. El convenio decía que no tenía que cobrar esa diferencia, pero si el odontólogo no lo hacía trabajaba a pérdida. Los costos tenemos que pagarlos porque cuando se compra el material en la casa dental no le importa si la obra social paga 100”, enfatizó.

El valor de los aranceles se ajusta a variables como la inflación que en esta especialidad sufren variaciones en forma periódica. “Un arreglo, una obturación, la más común y corriente, está en el arancel mínimo y obligatorio en 4.500 pesos. Una extracción dentaria está en 4.100 pesos, mientras que el implante no está dentro de la norma arancelaria, solo tenemos un valor orientativo”, informó.

Scheyt reconoció que cuando se corta el servicio de salud a una obra social sindical “pasa que se sobrecargan los sistemas públicos de salud. Trabajo en un dispensario y observo que asisten pacientes mutualizados”.

Otra de las caras de esta preocupante realidad es que los pacientes sin cobertura de la seguridad social “se están quedando sin una atención integral, y solo se hace lo mínimo e indispensable para no tener un dolor o para no perder un diente. Una práctica que hoy salva una pieza dentaria es la endodoncia, es decir el tratamiento de conducto. Es una práctica de un costo muy elevado. El paciente decide realizarse una extracción”.

“Se trata de responder”

Los dispositivos públicos de salud reciben a diario una exponencial demanda en consultorios de atención odontológica. “Están sobresaturados en la demanda y hasta a veces se ven desbordados. Es como que no pueden resolver la problemática que les llega en el día, para quienes acuden a pedir turnos. La demanda es por tratamientos que de un tiempo a estar parte el Estado no venía haciendo mucho”, graficó Brugo.

Por su experiencia en el trabajo en red con centros de atención primaria de salud, el profesional que representa al Ministerio de Salud explicó que actualmente se empezaron a cubrir tratamientos de conductos, que tiempo atrás no estaban contemplados. “Dentro de los servicios que ofrece la Odontología pública se realizan hasta prótesis gratuitas. No hemos logrado descentralizarlo tanto, al interior sobre todo, sino que se alcanza a las grandes ciudades como Concordia y Paraná”, reseñó.

En la capital entrerriana se puede acceder a prótesis gratuitas en el centro de Salud Alcain, en el Corrales, en el hospital San Martín y en el centro de Salud “Ramón Carrillo”.

“Se trata de responder, porque trabajan bien. Por lo menos devolvemos un poco el daño que venimos generando los odontólogos que venimos siendo extraccionistas, sacando dientes a mansalva. Se busca prevenir, es el esfuerzo denodado en el cual venimos trabajando. Venimos dando charlas en las escuelas para concientizar acerca de esto, para que odontológicamente no se llegue a esto”, subrayó.

Para el funcionario llegar a la instancia de perder piezas dentarias equivale a “un daño porque es algo que involucra a la estética. Porque la funcionalidad básicamente está afectada cuando faltan piezas dentarias, pero el individuo se sigue alimentando igual de otra manera. Pero se alimenta mal, tragando pedazos sin generar la molienda necesaria en la carne y en los alimentos más duros. Hoy el daño más grande que se le genera a una persona que no tiene dientes es un daño psicológico: es una cuestión que no puede enfrentar ante la sociedad. Deja de sonreírse porque le faltan dientes”.

Al hacer mención nuevamente a la postura del Colegio de avanzar en la implementación de aranceles mínimos, Brugo recordó que “esta problemática la está dirimiendo la Justicia, creo que son tres fallos donde la Justicia se ha expedido a favor del Colegio de Odontólogos. Cuando tuvo que intervenir el Gobierno, se decidió que pasara a la esfera judicial y hoy está en el ámbito Contencioso Administrativo. Desde el Estado hemos tratado de defender a la persona, al afiliado que tiene una obra social, a la persona que requiere un tratamiento odontológico”, repasó.

Sobre la controversia que se ha instalado en relación al tema, Brugo aclaró que su postura lejos está de negar a los odontólogos la posibilidad “de ganar lo que corresponde. No nos parece bueno que está cuestión la estén pagando lo que más necesitan, que en este caso son los pacientes mutualizados y que se han visto desprotegidos porque ninguna de las dos partes se ha puesto de acuerdo en referencia del cumplimiento de estos aranceles. Algunos porque dicen que no pueden y otros porque no han logrado la necesaria capacidad de diálogo. En representación del Estado esto nos excede, y no vemos que esto haya resultado beneficioso, no queriendo decir que estamos en contra de que los colegas deban ganar lo que allí se estableció. Eso está claro y debe quedar claro, sino quedamos como presos de esa situación, que pareciera que no se ha querido desde una parte que los odontólogos ganen lo que corresponde. No es intención de esta parte que el profesional perciba honorarios acordes a su tarea. Lo que vemos es que hasta hoy no se ha podido llegar a un acuerdo con la seguridad social, por cuanto la gente sigue desprotegida”.

Fuente: Diario UNO.