Tal como lo informó El Portal de las Mutuales a finales de noviembre, unas 300 mil personas se ven afectadas por los problemas entre la principal social de los entrerrianos y el Colegio de Odontólogos (Ver: Un año sin servicios…). Ahora hay novedades.

Ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley para brindar un principio de solución normativa a una problemática generada en el ámbito del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos (Coer), concretamente el ejercicio de facultades disciplinarias sobre sus matriculados, todo ello en el marco de un conflicto acaecido en su relación con los diferentes Círculos Odontológicos radicados en diferentes departamentos provincia.

En los fundamentos, el legislador explicó que “ante la inacción del Colegio de Odontólogos en propiciar y sostener la concreción de sanción de una norma arancelaria con naturaleza jurídica de Ley formal, se propone la derogación del inciso ‘b’ del Artículo 27° de la Ley N° 7468 el que prevé como causal de sanción la infracción a normas arancelarias”.

En ese sentido, aclaró que la reforma “no incide en la validez ni vigencia de las otras disposiciones vinculadas, toda vez que, al no existir una Ley que determine el régimen arancelario para estos profesionales, pierde sentido el inicio de actuaciones fundadas en normas de menor rango e inhábiles para generar obligación alguna de cumplimiento”.

El proyecto, tiene como mayor eje resolver la problemática que afecta actualmente al Instituto de Obra Social de la Provincia (Iosper) “el que oportunamente interesó opinión de Fiscalía de Estado de la provincia sobre la obligatoriedad, alcance y legalidad de aquella normativa en lo concerniente a la fijación de aranceles mínimos”, ya que el Coer los estableció, pero no fueron ratificados por el Poder Ejecutivo, por lo que el piso establecido no estaría vigente.

En ese marco, Robord subrayó que Fiscalía de Estado “se expidió en Dictamen N° 0440/22 FE en sentido contrario a la competencia del Colegio referido para el dictado de las Resoluciones, pudiendo sólo propiciar ante el Poder Ejecutivo la fijación de esos aranceles mínimos”, por lo que consecuentemente, “tampoco podría aplicar las sanciones previstas en la Ley N° 7468 invocando el cumplimiento de aquéllas”.

Sin embargo, el Coer inició actuaciones sumariales a diversos profesionales por “…incumplimiento a normas arancelarias…”. Las medidas de la entidad colegiada “son reveladoras de cierta forma de imposición incompatible con los compromisos previos asumidos por los profesionales involucrados, provocando una innecesaria imprevisión sobre las acciones posteriores y anulando toda posibilidad de debate”, dijo el legislador.

Además, remarcó que “sin ingresar en la discusión sobre la habilitación normativa para el dictado de resoluciones como las referidas, la imposición forzada de su cumplimiento por parte del órgano colegiado, los efectos directos e inmediatos producidos en la población sanitaria y los matriculados; y la afectación a compromisos previos y válidos concertados con obras sociales, mutuales, y demás entidades ponen en serio riesgo la subsistencia armónica del sistema provincial de Salud, implicando el deber inexcusable de preservarlo por su carácter de derecho humano fundamental; así lo prevé el Artículo 19° de la Constitución Provincial”, detalló el legislador.