El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan puso en marcha una licitación pública destinada a regularizar la situación institucional, contable, fiscal y legal de cooperativas, mutuales y asociaciones civiles que participaron como promotoras de operatorias habitacionales. La medida busca remover obstáculos administrativos que actualmente impiden avanzar con la escrituración definitiva de centenares de viviendas adjudicadas años atrás y constituye una de las acciones centrales dentro del proceso de regularización dominial impulsado por la provincia.

La convocatoria contempla la contratación de profesionales especializados que trabajarán durante siete meses sobre expedientes complejos vinculados con entidades que presentan irregularidades acumuladas a lo largo del tiempo. Entre las tareas previstas figuran el relevamiento documental, la actualización de libros sociales, la asistencia en asambleas y la realización de trámites ante la Inspección General de Personas Jurídicas y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. En determinados casos, los consultores podrán intervenir para facilitar la transferencia definitiva de inmuebles.

El alcance de la medida comprende 1.697 viviendas distribuidas en 26 barrios de la provincia. Según la información oficial difundida, el objetivo es resolver situaciones derivadas de mandatos vencidos, balances pendientes, falta de documentación institucional o procesos inconclusos de entidades que originalmente participaron en la construcción de complejos habitacionales. La regularización de esos aspectos es considerada indispensable para completar la escrituración de las viviendas y otorgar seguridad jurídica a sus ocupantes.

San Juan cuenta con una población cercana a los 850.000 habitantes y concentra gran parte de su actividad económica en los oasis irrigados ubicados en el centro-sur provincial. La capital, San Fernando del Valle de San Juan, constituye el principal centro administrativo y de servicios. En ese contexto, las cooperativas y mutuales han desempeñado históricamente un papel relevante en distintos programas de acceso a la vivienda, especialmente a través de operatorias desarrolladas junto al Estado provincial.

La iniciativa forma parte de una política más amplia orientada a reducir el número de viviendas sin escritura existentes en la provincia. De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades, al inicio de la actual gestión se identificaron alrededor de 12.000 unidades habitacionales sin título de propiedad. Los trabajos ya permitieron avanzar sobre aproximadamente 2.000 casos y ahora incorporan un abordaje específico para barrios promovidos por cooperativas y mutuales, donde las dificultades institucionales constituyen uno de los principales impedimentos para completar la regularización dominial.

Fuente: Prensa IPV San Juan.