Entrevistado por un medio local, el guardavidas e instructor nacional de salvamento acuático, Raúl Sánchez Bustamante, abordó la situación laboral y normativa de su profesión en Salta. Recientemente, la tragedia ocurrida en Aquapark, donde un niño de seis años perdió la vida ahogado, puso en evidencia la falta de regulación en la provincia.
Aunque Argentina cuenta con la Ley N° 27.155, que regula el ejercicio profesional de los guardavidas, Salta no la ha adoptado, lo que genera vacíos en la seguridad acuática.
Bustamante reconoció que, si bien se han logrado avances en la revalorización de la profesión y en la consideración de normativas, aún faltan políticas concretas que fortalezcan la seguridad en entornos acuáticos. En 2018, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto para adherir a la ley nacional, pero este quedó estancado en el Senado. La implementación de esta normativa es crucial, ya que establece estándares para la formación y el ejercicio de los guardavidas, define las obligaciones de los empleadores y crea un Registro Nacional Público de Guardavidas, asegurando que solo profesionales capacitados ejerzan la actividad.
En Salta, la Asociación Mutual de Guardavidas Argentinos y Asociados (Amgaa) lleva seis años formando guardavidas, con un programa que incluye más de mil horas de capacitación en áreas como anatomía, primeros auxilios, técnicas de salvamento y psicología. Además, han establecido convenios con instituciones como la Universidad Católica de Salta para fortalecer la formación. Sin embargo, actualmente no es obligatorio contar con guardavidas profesionales en los espejos de agua, ya que cada municipio decide qué personal asignar, lo que a menudo lleva a que profesores de Educación Física cumplan ese rol sin la preparación adecuada.
Bustamante enfatizó que la labor del guardavidas va más allá de la preparación física; implica habilidades psicológicas y preventivas para anticipar riesgos y evitar accidentes. Para garantizar la seguridad, es esencial que la Legislatura provincial adhiera a la ley nacional, obligando a que todos los espejos de agua, tanto naturales como artificiales, cuenten con personal capacitado. Además, se requiere un diálogo con las autoridades para impulsar políticas públicas que aborden esta problemática, especialmente en un contexto donde el uso de espacios acuáticos aumenta debido a las altas temperaturas. En Salta, se registran entre 10 y 12 muertes anuales por ahogamiento, lo que subraya la urgencia de tomar medidas concretas.
Fuente: El Tribuno.
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