El Instituto Obra Social de la provincia de Entre Ríos (Iosper) diseñó un esquema de aranceles para seducir a los odontólogos para que, de forma individual, firmen convenios con la obra social provincial y así recuperar una cobertura de la cual hoy carecen sus 300 mil afiliados. “no existe ningún impedimento legal para ejercer libremente la profesión”.

El corte de prestaciones con Iosper de parte de los odontólogos lleva ya un año. Y la situación de momento está inalterable en función de la cerrada oposición del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, que diseñó un esquema de aranceles al cual las finanzas de la obra social provincial no le permite acceder, pero que además aplica una normativa interna que prevé sanciones a los profesionales que acuerden en forma individual con cualquier prestadora.

En Iosper dijeron que “han mejorado en un 190% los aranceles de mayor uso”. Y hoy la consulta odontológica se pagaría $2.430,07.

El Colegio de Odontólogos dictó una resolución interna, la N° 404, el 27 de noviembre de 2021, y estableció un protocolo arancelario para convenios y contratos asistenciales “mediante los cuales se brindan prestaciones odontológicas a beneficiarios del sistema de la seguridad social (mutuales, obras sociales, empresas de medicina prepaga, etc.)”. Además, impuso a todos los profesionales la obligación de firmar una declaración jurada en la que asumen la responsabilidad de respetar los aranceles que fije la entidad so pena de aplicar sanciones.

La obra social acudió a Fiscalía para que dictamine sobre la “obligatoriedad, alcance y legalidad de la normativa interna que aplica el Colegio de Odontólogos de la Provincia para establecer los aranceles mínimos para sus colegiados y para la obra social, lo que para ese Colegio se consideran de cumplimiento obligatorio”. Los aranceles que impone el Colegio resultan “excesivamente onerosos y por lo tanto inconvenientes” en comparación con las tarifas que cobran los Círculos Odontológicos, con los que el Iosper pretende rubricar convenios prestaciones.

En opinión de la Fiscalía de Estado, por aplicación de la Ley N° 7.468, de creación del Colegio de Odontólogos, “existe una facultad expresa consagrada” de negociar aranceles con el Poder Ejecutivo, “pero no para establecer o imponer, sin más, aranceles mínimos y obligatorios para sus colegiados y para las obras sociales, sino para propiciar ante el Poder Ejecutivo la fijación de esos aranceles mínimos”.

“Del análisis de esa norma –dice el dictamen que firma el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, surge entonces que dicha facultad se limita a la posibilidad de proponer al Poder Ejecutivo los aranceles mínimos que se pretendan, siendo este último quien, en definitiva decidirá respecto de ello mediante la emisión del respectivo acto administrativo que así lo determine. Recién en esa instancia, y para el caso que el Poder Ejecutivo acepte como conveniente la fijación de tales aranceles, podrá ese Colegio imponerlos a sus matriculados y a las obras sociales. Lo cierto es que el propio Iosper desconocer la existencia de decreto o resolución emitida por el Poder Ejecutivo”, instrumento mediante “los cuales se haya avalado o aprobado la fijación de los aranceles mínimos que el Colegio pretende aplicar”.

En su dictamen, Fiscalía de Estado opinó que “el consejo directivo del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos no se encuentra jurídicamente habilitado para imponer aranceles mínimos a sus matriculados y a las obras sociales, y consecuentemente, tampoco debería aplicar las sanciones previstas por la Ley N° 7.468 para el caso de incumplimiento de los mismos; en caso contrario, tal facultad se estaría ejerciendo de manera ilegítima y abusiva. Ello así dado que tal prerrogativa consagrada legalmente para establecer tales aranceles se encuentra condicionada a su aprobación por parte del Poder Ejecutivo Provincial”.

Pero el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos relativizó esa opinión. Dijo que es “confusa” en su redacción y que «no es vinculante» para la entidad. Y amplió que las normas arancelarias “están vigentes” y que su cumplimiento “es obligatorio”.

El Colegio no se ha movido de su posición. A través de la resolución Nº 419, del 10 de septiembre último –y publicada en el Boletín Oficial el miércoles 26 de octubre- actualizó sus valores arancelarios y lo justificó en el hecho de que “es un deber” de la entidad “garantizar a todos los matriculados el derecho a percibir los ‘Aranceles Odontológicos Mínimos Obligatorios’ cuando presten servicios mediante el régimen de prestaciones asistenciales odontológicas”.